El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, afirmó este viernes que "hay (varias) ONG que pretenden financiarse con voluminosos contratos de la Unidad de Restitución de Tierras para generar escenarios de injusticia, como los que estamos viendo. La Procuraduría lo tiene totalmente claro y por eso ha actuado de la manera en que ha actuado”.

El primer mandatario no amplió esta afirmación y se dedicó a opinar sobre los señalamientos de otros sectores políticos por sus encuentros con la ciudadanía de San Alberto (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).

“Las reuniones de San Alberto y de Sabanas de San Ángel fueron previamente preparadas por la institucionalidad. A las reuniones preparatorias, un mes antes, asistieron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, delegados del Ministerio del Interior en cabeza del señor superintendente de Notariado y Registro, funcionarios militares y policiales, junto a la Procuraduría General de la Nación. Fue por solicitud de las autoridades locales, que manifestaron las tensiones que estaba generando el tema de restitución en esas regiones, por eso asistió la institucionalidad, esa es la realidad. Ahora que no se bajen del bus quienes previamente asistieron”, explicó.

Sobre este tema, el Procurador dijo que cumple con sus deberes constitucionales de defender a la ciudadanía y el interés común. 

“Nosotros articulamos como representantes de la sociedad, pero esas reuniones fueron previamente preparadas por varios instituciones con el fin de escuchar a los campesinos. Es mi deber, mi obligación constitucional. Escucho a los ciudadanos en sus problemas, en sus preocupaciones, cuando consideran que políticas públicas están afectando determinados derechos. Es mi deber y voy a ejercerlo hasta el último minuto, de la última hora, del último día que esté en la Procuraduría”.